El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos y terrorismo, Martin Sheinin, presentó un informe dirigido al Gobierno español en el que aboga por que no se apliquen restricciones a la libertad de expresión de ciertos partidos políticos vascos.
El texto exige que “no se apliquen restricciones a la libertad de expresión a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos’, informó la agencia de noticias AFP.
De esa manera el documento alude a las formaciones presuntamente relacionadas con la organización independentista armada vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA).
Sheinin propuso en su informe definir los delitos de auténtico carácter terrorista, diferenciando entre la intención de atemorizar a una población por medios violentos y los objetivos perseguidos, que pueden no revestir carácter criminal por sí mismos.
Además, el documento subraya que “el respeto sistemático de la prohibición de la tortura y la abolición del régimen de incomunicación podrían fortalecer la credibilidad de la actuación antiterrorista de las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, contribuir a lavar de sospecha a las personas injustificadamente acusadas de malos tratos”.
Sheinin ha pedido también a España que traslade la competencia para los delitos de terrorismo a los tribunales ordinarios, en lugar de reservarla a un solo tribunal central especializado, la Audiencia Nacional.
El embajador de España ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Javier Garrigues, afirmó que se deben rechazar aquellas valoraciones y recomendaciones que pretendan cuestionar el marco legal e institucional sobre los que se asienta la actuación de un Estado en la lucha contra el terrorismo.
El representante de Amnistía Internacional, Peter Splinter, señaló en cambio que España debería reflexionar seriamente en lugar de rechazar las recomendaciones que le hace la ONU.
“Se ha podido observar la incapacidad del Estado español para asumir críticas y reconocer que su práctica antiterrorista está en contradición con el disfrute de los derechos humanos, en una actitud ajena al más básico principio de colaboración con la ONU”, manifestó por su parte el abogado de la Asociación Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, Julen Arzuaga.
En 2003, el partido independentista Batasuna fue ilegalizado en España por sus supuestos vínculos con ETA.
En 2008 la justicia española ilegalizó otros dos partidos independentistas vascos, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), considerados como satélites de Batasuna, y por el mismo motivo anuló dos nuevas listas independentistas de cara a las elecciones regionales vascas del 1 de marzo.
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